VENEZUELA RECHAZÓ DECLARACIONES DE FISCAL ADJUNTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Venezuela rechazó las declaraciones del Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, CPI; Mame Mandiaye, en el contexto de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que continúa hoy en La Haya, Países Bajos.
El Ministerio para Relaciones Exteriores recordó en un comunicado que la República Bolivariana de Venezuela fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y, desde entonces, ‘ha mostrado un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional’.
Señaló que Caracas se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la Corte Penal en un proceso que, a todas luces, ‘no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos’.
La nota afirmó que resulta muy obvio que en la nación sudamericana ‘no se han cometido delitos de lesa humanidad’, lo cual se ha demostrado en todas las instancias de un proceso instrumentalizado con fines geopolíticos.
Pese a ello, Venezuela -en un claro espíritu de cooperación internacional- “se comprometió en mecanismos de complementariedad positiva, dirigido a fortalecer las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia”, y reafirmar que es “insustituible la jurisdicción primaria venezolana”, subrayó.
Recordó que, en dicho proceso, Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional suscribieron dos memorandos de entendimiento y una hoja de ruta para concertar mecanismos que contribuyan efectivamente a los esfuerzos nacionales en materia de justicia y derechos humanos.
En dichos documentos, la Fiscalía asumió la responsabilidad de apoyar a las instituciones nacionales y poner en marcha una oficina en territorio nacional para la facilitación de asistencia técnica a las instituciones del país.
Lamentó que ese órgano de la Corte Penal ‘no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación’, y pese a transcurrir más de siete meses de la inauguración de su oficina en Caracas, ‘la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios’.
Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas, mientras su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos, afirmó.
La Cancillería consideró vergonzoso que en horas aciagas en que la humanidad es testigo mudo del peor genocidio, contra el pueblo palestino, ‘este organismo internacional solo haya dado pasos tímidos y temerosos para llevar ante la justicia internacional a los perpetradores de terribles crímenes contra la humanidad’.
Indicó, asimismo, que transcurrieron cinco años sin que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se haya siquiera pronunciado sobre el caso ‘Venezuela 11’, que expuso y elevó ante esa instancia los crímenes cometidos por los articuladores del más brutal bloqueo económico contra el pueblo venezolano, y el silencio ha sido abrumador.
Venezuela aseguró que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, frente a toda fórmula de colonialismo jurídico que pretenda utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, ‘en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del derecho internacional’.
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