ECUADOR IMPUSO ARANCELES DE 30% A COLOMBIA POR ‘NO COOPERAR’ CON SEGURIDAD
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles desde el Foro Económico Mundial en Davos la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Esta medida, que emula la estrategia de presión comercial utilizada históricamente por Donald Trump para coaccionar a sus socios, busca castigar a Bogotá por lo que Noboa califica como una «falta de reciprocidad» en el control de la frontera común.
El mandatario justificó esta ‘tasa de seguridad’ alegando que sus militares enfrentan al crimen organizado sin el apoyo del gobierno de Gustavo Petro.
La decisión de Noboa de atacar comercialmente a su principal socio en la Comunidad Andina ha sido interpretada como un giro agresivo en su política exterior, priorizando el impacto mediático sobre la estabilidad regional.
Al igual que el estilo de gobernanza neoyorquino, el presidente ecuatoriano utilizó la red social X para lanzar este ultimátum, condicionando el levantamiento del arancel a un «compromiso real» que satisfaga sus demandas. Esta acción amenaza con profundizar el déficit comercial de más de 1.000 millones de dólares que ya mantiene con el país vecino.
Ecuador se hunde como la nación más violenta de Sudamérica bajo la gestión de Noboa
A pesar del despliegue militar y la retórica de guerra contra el narcotráfico, Ecuador ha alcanzado cifras de criminalidad sin precedentes, consolidándose como el país más violento de Sudamérica. Con una tasa de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes registrada en 2025, el país vive la tragedia de un homicidio cada hora, según los últimos datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Hasta el momento, el gobierno de Noboa no ha logrado implementar una estrategia efectiva que logre controlar este flagelo, dejando a la población a merced de los enfrentamientos entre bandas.
Esta escalada de sangre ocurre en un territorio que se ha transformado en el principal nodo de exportación de drogas a nivel mundial, aprovechando su ubicación estratégica entre los mayores productores de cocaína. Las organizaciones criminales han desbordado la capacidad institucional del Estado, operando con impunidad en la frontera de 600 kilómetros que conecta el Pacífico con la selva amazónica. La falta de control en las rutas internas ha permitido que el 70% de la droga regional transite por puertos ecuatorianos con destino a Estados Unidos y Europa.
Cuestionamientos sobre el rol de las empresas familiares en el tráfico de drogas
La crisis de seguridad se ve agravada por graves sospechas que pesan sobre el entorno empresarial del mandatario, específicamente en relación con la logística necesaria para el tráfico internacional de estupefacientes.
Diversos sectores han señalado que la infraestructura exportadora vinculada a las empresas de la familia Noboa podría estar siendo utilizada, sea por omisión o vulnerabilidad, para facilitar la salida de cargamentos ilícitos. Estas acusaciones añaden una capa de conflicto de interés a la gestión de un presidente que busca culpar a factores externos de una crisis interna.
Mientras el flujo de combustible y drogas continúa imparable a través de los puertos, el gobierno se enfoca en medidas arancelarias que, según analistas, podrían ser una cortina de humo para desviar la atención de estas investigaciones. La llegada constante de cargamentos ecuatorianos a mercados internacionales refuerza la imagen del país como un narco-estado en formación. La administración de Noboa enfrenta ahora el reto de demostrar que su lucha contra el crimen organizado es genuina y que no existen privilegios para las estructuras comerciales que sostienen la economía de su propio grupo familiar.
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