ESTADOS UNIDOS SE ARROGA EL PAPEL DE POLICÍA DEL MUNDO GRACIAS A UN SISTEMA LEGAL QUE AVALA EL SECUESTRO FUERA DE SUS FRONTERAS
No es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos envía a sus cuerpos de élite, incluida la DEA, la administración antidrogas; a secuestrar a un ciudadano en el extranjero para llevarlo ante las autoridades judiciales federales. A finales de los años 80 del siglo XX, bajo la denominación de ‘operación Causa Justa’, las tropas estadounidenses invadieron Panamá y capturaron al general Noriega, que había consolidado una dictadura militar en el país centroamericano.
Es el caso más parecido al que afecta a Venezuela y a Nicolás Maduro que se puede encontrar en la lista de acciones militares de Estados Unidos desde el final de la guerra fría. La invasión de Panamá, en 1989, se enmarca, de hecho, en el final de ese periodo histórico.
No solo a mandatarios, Estados Unidos ha secuestrado fuera de sus fronteras también a ciudadanos acusados de diferentes delitos, incluido el narcotráfico, asentando una doctrina jurídica que avala de facto los secuestros, con la salvedad de que los apresados no hayan sufrido torturas durante el trance.
La doctrina ‘Ker-Frisbie’
El caso Humberto Álvarez-Machain, en 1990, fue uno de los más controvertidos. Ese médico mexicano fue secuestrado en su consulta de la ciudad de Guadalajara por sicarios pagados por agentes de la DEA, bajo la acusación de haber colaborado en el asesinato de un funcionario de la agencia antidroga de Estados Unidos.
Álvarez-Machain fue conducido en avión a Texas y procesado en la Corte Federal de Los Ángeles, que dictaminó que el hombre debía ser devuelto a México, al dictaminar que el secuestro del mexicano vulneraba el acuerdo de extradición con México. El Gobierno de George Bush padre recurrió ante la Corte Suprema, tras confirmar la resolución la Corte de Apelaciones, y el resultado fue el opuesto.
La Corte Suprema dijo que el acuerdo bilateral no prohíbe expresamente el secuestro de un ciudadano reclamado por las autoridades de uno de los dos países, por lo que declaró la competencia de los tribunales de Estados Unidos para enjuiciar a Humberto Álvarez-Machain. En ese caso, que se saldó finalmente con la absolución del médico al no reunirse en su contra pruebas de su participación en el asesinato de un agente de la DEA, inflitrado en el Cartel de Guadalajara; la Corte Suprema invocó un precedente muy lejano, el caso Ker vs. Illinois, en el año 1886; del que ha derivado toda una doctrina jurídica que puede aplicarse ahora al Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El ciudadano estadounidense Frederick Ker, asentado en Perú, era reclamado por las autoridades del Estado de Illinois por el desfalco de un banco de Chicago. La entidad contrató a un agente peruano para capturar a Ker en Lima. Así lo hizo, dando lugar a un caso muy debatido en su época que aún tiene ecos en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos.
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