EN HONDURAS LOS ANTERIORES GOBIERNOS PUSIERON EN VENTA LA ISLA DE ROATÁN A UNA EMPRESA ESTADOUNIDENSE QUE AHORA DEMANDA POR MÁS DE 10 MIL MILLONES DE DÓLARES A ESE PAÍS CENTROAMERICANO
En Honduras, varias comunidades están luchando contra la privatización y la explotación proveniente del extranjero, después de que la presidenta hondureña Xiomara Castro y el Congreso de ese país derogaran una ley que estableció las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Empleo, donde las empresas privadas tienen autonomía funcional y administrativa, aparte del Gobierno nacional de Honduras.
Ahora, una empresa con sede en Delaware, Estados Unidos, llamada Honduras Próspera ha iniciado una demanda judicial para impugnar la derogación de dicha ley en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
La compañía busca una compensación de casi once mil millones de dólares, lo que equivale a casi dos tercios de todo el presupuesto Honduras.
La empresa estadounidense ha pretendido apropiarse de la paradisíaca isla Roatán donde planean desarrollar un fallido complejo turístico bajo la Ley de Zonas de Desarrollo Económico y Empleo impulsada por el gobierno de Porfirio Lobo y aprobada en el congreso hondureño presidido por Juan Orlando Hernández quien luego sucedió a Lobo en la presidencia de Honduras. Ambos ex–mandatarios han sido juzgados por corrupción y Hernández purga una condena a cadena perpetua por narcotráfico en una prisión de los Estados Unidos.
Este es un ejemplo de los derechos extremos de los inversores que otorga este tratado comercial internacional, que además se opone de forma directa a la soberanía hondureña, dice Melinda St. Louis, directora del Observatorio de Comercio Global de la organización Public Citizen.
Algunos pobladores de la isla de Roatán comentan que esas tierras fueron adquiridas a través de vendedores privados, vinculados con Lobo y Hernández y que la empresa ha tratado de hacer negocios con varios empresarios y habitantes de la zona para la compra de más terrenos.
El año pasado, mediante un comunicado, la federación de patronatos y distintas asociaciones civiles de la isla dieron a conocer que este proyecto ha causado incertidumbre, ya que este plan empezó a desarrollarse sin socializar o realizar una consulta popular. Agregan que se les ha violentado el derecho a conocer las consecuencias socioeconómicas, políticas y territoriales del mismo.
Una de las preocupaciones expresadas es la idea de supeditarse a leyes extranjeras desconocidas, a la privación de los derechos de circulación en sus municipios y a ser expatriados dentro de su propio país por causa de supuesta utilidad pública de los inversionistas estadounidenses.