¿QUÉ HACEN LAS EMPRESAS Y GOBIERNOS CON NUESTROS DATOS?
Ciudades seguras, enfermedades diagnosticadas a tiempo, servicios públicos eficientes, aprovechamiento máximo de la tierra cultivable, protección de las fuentes de agua y control de pandemias forman parte de las posibilidades que ofrecen las tecnologías desarrolladas a partir del procesamiento de grandes volúmenes de datos, conocidas bajo el nombre genérico de ‘big data’.
Su principal materia prima son las huellas que dejan los internautas mientras navegan o publican contenido en la red, instalan alguna aplicación, son captados por alguna cámara de seguridad o autorizan a un propietario de ‘software’ para que ingrese a su dispositivo electrónico.
Así, la mayoría de los usuarios deviene en consumidor a merced de una máquina de vigilancia y control que opera en las sombras, que resulta además una fuente privilegiada para el enriquecimiento en una élite muy reducida.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han advierte que en el presente la ciudadanía no se siente permanentemente vigilada, como ocurría en las sociedades distópicas que describía George Orwell en sus novelas, sino que, por lo contrario, se impone la “apariencia” de que se vive en un mundo donde la libertad y la comunicación no tienen límites.
Lo que no suele decirse es que en ese supuesto territorio de la libertad, los algoritmos –que funcionan con ‘big data’– le ofrecen a cada quien un menú exclusivo aparentemente gratuito basado en sus preferencias, pero al precio de su privacidad y seguridad.
Mientras tanto, unas pocas corporaciones tecnológicas incrementan sus ganancias sin que sus prácticas sean puestas suficientemente bajo el escrutinio público y las potencias aprovechan la coyuntura para hacer de este terreno otro campo de disputa.
Cuando de vigilancia masiva se trata, los Estados suelen estar en el banquillo de los acusados, pues hay suficientes razones para creer que la recopilación masiva de datos de los ciudadanos acaba por socavar derechos fundamentales y contribuye a exacerbar desigualdades ya existentes.
Acaso la revelación más significativa en este orden se produjo en 2013, cuando Edward Snowden, ex-contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés; destapó al mundo el programa de vigilancia y espionaje masivo de Washington, también aplicado por el Reino Unido.
En su decir, durante la década de 2000, los Gobiernos de esos dos países interceptaron comunicaciones privadas, incluyendo correos electrónicos, historiales médicos y mensajes de texto, de miles de personas en todo el mundo, incluso dentro de Estados Unidos, cuya legislación proscribe explícitamente estas prácticas.
Los Gobiernos están en capacidad de vigilar masivamente a sus ciudadanos bajo el paraguas de la seguridad nacional, sin que se les puedan fijar límites realistas y eficaces para impedirlo.