CONGRESO ARGENTINO CERRARÁ SESIONES SIN HABERLE APROBADO NI UNA LEY A MILEI
El Congreso argentino concluirá este jueves su período extraordinario de sesiones sin que hasta ahora se hayan aprobado ninguno de los 14 proyectos legislativos que envió el presidente, Javier Milei, incluyendo la controvertida ‘ley ómnibus’. También fueron rechazados tratados internacionales, la Boleta Única de Papel y la ley de ganancias.
El proyecto de megarreforma del Estado ‘Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’, nombre formal de la ‘ley ómnibus’, se hundió en la Cámara de Diputados el pasado 7 de febrero, al no conseguir suficientes apoyos para artículos clave como los que involucran la privatización de empresas públicas, la reforma a la ley de sostenimiento de la deuda o el aumento de penas contra involucrados en protestas.
La legislación local prevé que la iniciativa debe discutirse nuevamente desde cero en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, antes de regresar a la cámara baja nuevamente, donde, de ser aprobada, será remitida al Senado para la discusión y sanción definitiva.
El rechazo del ambicioso proyecto, que en su forma original contemplaba la modificación de más de 600 artículos de diferentes leyes vigentes, desató la ira de Milei, quien tachó a los parlamentarios que se opusieron a su propuesta de ‘delincuentes, bestias y traidores’, culpó del resultado a los gobernadores de la alianza oficialista y ordenó que el proyecto no se tratara nuevamente en el Congreso.
De su lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que los objetivos que se propone la administración de Milei se lograrían, con independencia de la posición de los congresistas e incluso de la existencia de una ley, en referencia al uso de otros mecanismos constitucionales para sacar adelante la propuesta, como la consulta popular.
Si bien el colapso de la ‘ley ómnibus’ acaparó la mayor parte de la atención mediática, de cara a su eventual aprobación, el Gobierno se vio obligado a realizar concesiones a legisladores afines a la gestión pertenecientes a diversas formaciones políticas, incluyendo el PRO, del expresidente Mauricio Macri, la Unión Cívica Radical, UCR y sectores del peronismo no kirchnerista.
Es el caso de la reforma fiscal, que fue retirada por la Presidencia a mediados del pasado enero, en interés de conseguir el máximo consenso entre los diputados, de acuerdo con declaraciones ofrecidas entonces por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Del mismo modo, en aras de la aprobación que no se produjo, el oficialismo tuvo que modificar o retirar artículos que abordaban materias sensibles como las jubilaciones y la reforma electoral, aunque fue inflexible en lo correspondiente al retroceso de derechos de los trabajadores públicos y la criminalización de la protesta social.
En adenda, aunque el período extraordinario vencía el 31 de enero, el Ejecutivo aprobó una extensión hasta el 15 de febrero y, además de cambiar el nombre oficial del proyecto de ‘ómnibus’ para evitar conflictos legales, añadió modificaciones al Código Penal, introdujo una propuesta para permitir el ingreso de tropas extranjeras al país y planteó modificaciones a la ley de prevención de lavado de activos.