SUSPENDIDO DIÁLOGO DEL GOBIERNO DE COLOMBIA CON EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
El llamado al fin de la guerra como propósito nacional hecho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a finales del año pasado, al comentar en sus redes un escrito del Ejército de Liberación Nacional, ELN;, tendrá que esperar tras su decisión, este viernes, de suspender el diálogo con la guerrilla activa más antigua del país suramericano.
El catalizador de la determinación de Petro fueron los enfrentamientos que mantiene el ELN con un bloque de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC; en la región del Catatumbo, que comprende los departamentos del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y el Cesar.
Las cifras extraoficiales arrojan que el número de muertos, entre excombatientes, líderes sociales y población civil, va de las 34 a las 20 personas. El mandatario colombiano las catalogó de “crímenes de guerra” y suspendió el proceso de conversaciones, que se mantenía congelado desde hace casi un año.
Tras la decisión, Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, el primer comandante del ELN, publicó un comunicado donde el Frente de Guerra Nororiental, perteneciente al grupo armado, se desligaba de tres de las muertes ocurridas en el Catatumbo y llamaba a mantener en alto las banderas de la lucha por la defensa del territorio. Así, pareciera que lejos quedó un proceso de reconciliación inmediato.
Horas antes de que el mandatario cortara al camino de conversaciones abierto en 2022, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, alertó al país sobre un plan en marcha para asesinar a su principal asesor y jefe de la delegación del Gobierno para las conversaciones con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez.
Patiño dirigió una carta al grupo guerrillero donde afirmaba que conocía por ‘ocho fuentes distintas’ lo que planeaban hacer en medio de una fuerte crisis interna, tras su separación del frente Comuneros del Sur, con el que el Gobierno ha entablado conversaciones de manera individual.
En la misiva, el ex-fundador del M-19 manifestó que la generosidad que había mostrado Petro, frente a las agresiones verbales del ELN habían sido interpretadas como debilidad del Gobierno por parte del Comando Central de esa estructura armada.
En marzo de 2024, el Frente Comuneros del Sur, una organización que pertenecía al ELN y que opera en el departamento colombiano de Nariño, se sumó al proceso de diálogos con el Gobierno, de manera independiente, en medio de un conflicto interno en la guerrilla. El principal punto de esta negociación era el desminado de las zonas rurales vulnerables.
Desde un inicio, el ELN aseveró que este frente había sido creado por el Ejecutivo y que sus integrantes eran agentes del Estado ‘infiltrados’, por lo que desconoció cualquier avance que se hiciera en las conversaciones con esa fracción.
Frente a esto, la delegación de paz afirmó que una negociación doble del Gobierno colombiano con el ELN y el Frente Comuneros del Sur era jurídica y políticamente inviable, porque, a pesar de la escisión, se trataba de una misma organización.
En noviembre del año pasado, el jefe de la delegación del ELN para los diálogos, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, afirmó en un video que esperaba que la estructura armada avanzara lo máximo posible hasta el año 2026, cuando culmina el periodo presidencial de Petro. En aquel momento, esa guerrilla apostaba a dejar el proceso lo más consolidado posible para que futuros gobiernos lo retomen y le den continuidad.
Este planteamiento tuvo rotundo rechazo por parte de Petro, quien descartó tajantemente que en otra Administración hubiera posibilidad de concretar un acuerdo de paz con la guerrilla. La verdad, no creo que haya próximo Gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite, escribió.
Por su parte, el alto comisionado de Paz dijo que, aunque el proceso de diálogos puede ser infinito, consideraba que si el mecanismo de implementación no empezaba en 2025, habrían fallado.
El proceso de diálogo con el ELN se ha llevado a cabo fallidamente durante los dos Gobiernos que preceden a Petro. Se inició en 2017, durante el mandato de Juan Manuel Santos, que lo suspendió en 2018, por atentados cometidos por el grupo armado.
Las negociaciones no tuvieron continuidad durante la Administración de Iván Duque, quien inicialmente se negó a llevarlas a cabo y las congeló unilateralmente en 2019 tras el atentado a una escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, ocurrido hace un año.