CPI TOMA LA CUSTODIA DEL EX-PRESIDENTE FILIPINO PARA EL JUICIO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y LE EXTRADITA A LA HAYA
Este miércoles, la Corte Penal Internacional, CPI; anunció que el ex-mandatario de Filipinas Rodrigo Duterte fue extraditado desde Manila a La Haya, en los Países Bajos, anteriormente Holanda; y puesto bajo custodia para enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad originados de las mortíferas acciones represivas contra las drogas durante su gobierno.
En un comunicado, el tribunal indicó que como medida de precaución, Duterte fue puesto a su disposición en el aeropuerto de Manila, siguiendo los procedimientos estándar al arribar un sospechoso.
Los colectivos de derechos humanos y las familias de las víctimas valoraron el arresto de Duterte el martes en Manila bajo una orden de la CPI, la cual fue ratificada por el presidente en funciones de Filipinas, Ferdinand Marcos.
En cuestión de días, comparecerá ante el tribunal, en La Haya para confirmar su identidad, verificar que comprende los cargos que se le imputan y fijar una fecha para una audiencia que evaluará si la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para someterlo a juicio.
Si su caso llega a juicio y es condenado, Duterte, de 79 años, podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua.
El pequeño avión rodó hasta un hangar donde esperaban dos autobuses. Una ambulancia también se acercó al hangar y los médicos introdujeron una camilla. Un helicóptero policial sobrevolaba cerca del aeropuerto mientras el avión permanecía en el hangar, prácticamente oculto por los autobuses y dos camiones cisterna.
El portavoz de la Corte Penal Internacional, Fadi El Abdallah, confirmó que Duterte estaba en el avión, que hizo escala en Dubai durante su vuelo desde Manila hacia Holanda.
El arresto de Duterte fue anunciado el martes por el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos, quien dijo que el ex-líder fue arrestado cuando regresaba de un viaje a Hong Kong y que fue enviado a bordo de un avión a la Corte Penal Internacional, en La Haya.
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre los asesinatos en masa relacionados con la llamada guerra contra las drogas supervisada por Duterte cuando era alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y más tarde como presidente.
Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían: desde los más de 6.000 que ha informado la policía nacional hasta los 30.000 que afirman grupos de derechos humanos.
Duterte podría impugnar la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad del caso. Si bien Filipinas ya no es miembro de la CPI, los presuntos crímenes ocurrieron antes de que Manila se retirara de la corte.
Ese proceso probablemente tomará meses y, si el caso llega a juicio, podría tardar años. Duterte podrá solicitar la libertad provisional del centro de detención del tribunal mientras espera, aunque corresponde a los jueces decidir si conceden dicha solicitud.
La hija de Duterte, la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, criticó a la administración de Marcos por entregar a su padre a un tribunal extranjero, que según ella actualmente no tiene jurisdicción en Filipinas.
La mujer salió de Filipinas el miércoles para concertar una reunión en La Haya con su padre detenido y hablar con sus abogados, dijo su oficina a los periodistas en Manila.
Según analistas filipinos, el caso Duterte puede tener relación con una venganza del actual presidente filipino Ferdinand Marcos, presionado por Estados Unidos por la cercana relación del ex-presidente Duterte con la República Popular de China.