ESTADOS UNIDOS ‘AJUSTA’ SANCIONES CONTRA PDVSA EN VENEZUELA

15/septiembre 2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés; una entidad adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó esta jornada una nueva licencia inscrita dentro del régimen general de sanciones impuestas a Venezuela, con la que se autorizan, de forma limitada, nuevas operaciones a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA; y a empresas mixtas en las que esa compañía posea el 50 % o más de participación.

Según consta en la licencia general 52C y se amplía en la correspondiente sección de preguntas y respuestas frecuentes, en adelante, PDVSA podrá realizar actividades relacionadas con ‘la carga, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo venezolano o productos petrolíferos de origen venezolano’.

También se le permitirá adquirir ‘diluyentes, bienes, servicios y tecnologías necesarios para actividades de exploración, desarrollo o producción en los sectores del petróleo, el gas o los productos petroquímicos’ en el país bolivariano, así como celebrar ‘nuevos contratos de inversión para actividades de exploración, desarrollo o producción en los sectores del petróleo, el gas o los productos petrolíferos de Venezuela’.

Se anunció asimismo la autorización para constituir ‘nuevas empresas conjuntas u otras entidades en Venezuela relacionadas con dichas actividades’, además de ‘todas las transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para dichas actividades, incluida la realización de diligencias debidas y evaluaciones comerciales, legales, técnicas, de seguridad y ambientales relacionadas con lo anterior’.

En esa línea, también se le permitirá ‘a las personas bloqueadas en virtud del Reglamento de Sanciones a Venezuela, VSR; a ejecutar y firmar contratos autorizados’ por la mentada licencia ‘en su calidad oficial de funcionarios, empleados o representantes autorizados’ tanto de PDVSA como de las entidades donde esta ostenta mayoría accionaria.

– Lo que no autoriza

No obstante, estas actividades estarán sometidas a importantes restricciones por parte de la Casa Blanca. Se trata, entre otros asuntos, de transacciones con bonos de la estatal petrolera o sus filiales, incluida la refinadora CITGO, cuya liquidación ordenó un tribunal estadounidense; pago de deudas, venta de acciones, transferencias y uso de activos como garantías por parte del Gobierno venezolano para la suscripción de contratos.

A ello se suman transacciones con personas o entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, sometidas a sanciones unilaterales por Washington; o a personas o entidades ubicadas en la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea o la República de Cuba.

En adenda, se proscriben las transacciones en ese ámbito con cualquier persona o ente ubicado en la República Popular China o que esté indirectamente bajo su control, el pago con oro, criptos, intercambios de divisas, ‘swap’; o cualquier forma que el Tesoro estadounidense estime ‘que no se realizan en condiciones comercialmente razonables’.

–    La divulgación de estas nuevas reglas de operación se sigue al anuncio de un acuerdo petrolero de gran calado confirmado por Caracas y Washington a inicios de septiembre, cuyo contenido aún no es público.

–    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó en una alocución televisada que el pacto se extenderá por 25 años, que supone, principal mas no exclusivamente; la explotación de campos verdes donde hay reservas probadas, pero no explotadas, en entornos carentes de infraestructura y que se trata de un acuerdo mutuamente beneficioso que permitirá la recuperación económica sostenida de la industria, duramente afectada por más de una década de sanciones.

–    Posteriormente, en el contexto de una visita oficial a la capital venezolana del secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, Rodríguez reveló que el tratado tuvo ‘dos momentos’, uno en Washington y otro en Caracas; mientras que el alto funcionario estadounidense sostuvo que se suscribió entre el Gobierno de Estados Unidos y la empresa North America Blue Energy Partners, NABEP; propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt López.

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