DENUNCIAN EXCESO DE FUERZA PÚBLICA PARA REPRIMIR PROTESTAS EN PANAMÁ
Diversos abogados denunciaron excesos de la fuerza pública en la provincia panameña de Bocas del Toro, aún hoy bajo el estado de urgencia que establece la suspensión de garantías constitucionales.
Según los testimonios, desde el 14 de junio cuando inició la Operación Omega para desbloquear las vías como parte de protestas populares contra una ley del seguro social, se han realizado detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
Entre esos letrados, José Luis Santamaría señaló que se desconoce el paradero exacto de los detenidos, repartidos en al menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que compromete el derecho a la defensa ante la imposibilidad de que las personas puedan tener un contacto con sus representantes.
Santamaría, que se encuentra en la ciudad de David, Chiriquí, es uno de los de 20 juristas que están tratando de atender los casos de personas detenidas en Bocas del Toro, según el diario La Estrella de Panamá.
La víspera, el Consejo de Gabinete aprobó restablecer los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de sitio, antes también suspendido, acción criticada por expertos por violar tratados internacionales y la propia carta magna.
El artículo 23 tiene como finalidad garantizar que un juez competente decida sobre la legalidad de la detención y, cuando corresponda, ordene la liberación inmediata de la persona aprehendida, gestión que comienza a incrementarse debido a arrestos ilegales, según los manifestantes contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
Por su parte, la abogada Lirieth Rodríguez señaló que al menos 70 personas fueron llevadas a la provincia de Veraguas tras su detención en la ciudad de Changuinola y estos son víctimas de maltratos y abusos.
La letrada indicó que los apresados fueron golpeados y a muchos les impidieron tomar alimentos y les dieron perdigones para comer, además de sufrir maltrato físico, psicológico y hasta sexual.
De acuerdo con el informe de los abogados pese a que a los detenidos no se les han establecido medidas cautelares, se les mantiene en celdas con delincuentes comunes, a lo que el Ministerio de Seguridad no ha ofrecido explicaciones, según el informativo.
Para el abogado Gonzalo Mocada, lo más elemental es determinar cuál es la ubicación exacta de todos los detenidos, ya que ninguna autoridad la ha dado con certeza el paradero de los detenidos.
El jurista expresó que fue ilegal suspender el derecho a habeas corpus porque Panamá está adscrito a tratados y convenios que prohíben esa medida.
Mientras las autoridades aseguran que los detenidos estarían supuestamente vinculados a grupos delincuenciales, algo negado, según los testimonios recogidos por los abogados.
También trascendió que el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ; condenó al corte de comunicaciones en la provincia panameña de Bocas del Toro, una medida que restringe el trabajo de esos profesionales y deja a la población sin acceso a información independiente.
La represión ejercida, con especial dureza, contra indígenas y liderazgos comunitarios bajo el argumento de “restaurar el orden” constituye un retroceso alarmante en la garantía de los derechos colectivos, culturales y territoriales de los pueblos originarios agregan los abogados.