JUEZ FEDERAL ARGENTINO AUTORIZÓ LA INTROMISIÓN DE UNA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTADOUNIDENSE PARA APROPIARSE DEL AVIÓN VENEZOLANO DE EMTRASUR SECUESTRADO EN EZEIZA
Un magistrado argentino otorgó jurisdicción a una agencia de seguridad de Estados Unidos sobre el avión de EMTRASUR secuestrado en Ezeiza, ante la total indiferencia de quienes deben velar por los acuerdos bilaterales y el respeto por la soberanía de un país latinoamericano.
El juez federal Federico Villena autorizó la intromisión de una agencia de seguridad estadounidense, la Usmarshals, dependiente del Departamento de Justicia, en la aeronave venezolana secuestrada en Ezeiza desde hace ocho meses. El subterfugio para otorgarle la facultad de inspección se basó en la necesidad de realizar ejercicios de mantenimiento de la aeronave.
La función explícita de esa agencia de seguridad estatal, sin embargo, no se vincula con la asistencia técnica a aeronaves sino con la identificación y evaluación de activos que provienen del producto del delito para lograr la comercialización de los bienes incautados y decomisados. La oficina específica que tramita esas tareas de incautación tiene sede en Arlington, Virginia, y en sus dependencias se asienta la División de Confiscación de Bienes, donde se evalúa y se tramita la venta de activos recuperados del delito.
La agencia estadounidense fue autorizada a registrar la aeronave venezolana, el juez Villena ligado al exministro de Seguridad de Mauricio Macri, Marcelo D´Alessandro le negó a los técnicos venezolanos de EMTRASUR la realización de las inspecciones.
Una de las tareas realizadas sobre el avión venezolano consistió en llevar a cabo el defueling, vaciar los tanques de combustible, para su recarga, con vistas a un posible despegue futuro. Según las técnicos que administran la locación donde se encuentra emplazada la aeronave, la acción solicitada y monitoreada por la agencia estadounidense se efectuó sin registrarse la autorización de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, responsable jurisdiccional del espacio donde se encuentra estacionado el Boeing 747-300 venezolano.
Ala República Bolivriana de Venezuela se le acusa de tres delitos punibles en la legislación estadounidense: 1.- haber adquirido el avión a una empresa sancionada, según ellos, la aerolínea iraní Mahan Air, 2.- Haber trasladado exportaciones a terceros países bloqueados, como Rusia; 3.- Utilizar para dichos traslados de mercadería un avión fabricado en Estados Unidos.
La Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone y la disidencia de la actual presidenta de dicha Cámara, Ana Figueroa rechazó el recurso presentado por los abogados de la aerolínea venezolana EMTRASUR, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeyro, quienes solicitaban la restitución de la aeronave a sus legítimos dueños venezolanos.
Los macristas se mostraron intransigentes con la solicitud de los defensores de la empresa venezolana pero concesivos con el juez Michael Harvey, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, quien gestiona la causa identificada como CRM182 84488 a pedido del Departamento de Justicia estadounidense para ejecutar la extinción de dominio, como prólogo al descarado robo del avión venezolano.