FISCALÍA DE ESPAÑA IMPLICA POR CORRUPCIÓN AL GOBIERNO PRESIDIÓ EL CONSERVADOR OPUSDEÍSTA MARIANO RAJOY
Desde que el pasado viernes se conociera el escrito de acusación de la Fiscalía de España contra los acusados del caso Kitchen, un goteo de informaciones no han parado de salpicar al Ministerio del Interior del anterior Ejecutivo español, presidido por el conservador Mariano Rajoy.
El escrito incluye unas elevadas peticiones de cárcel para quienes son considerados responsables de un operativo policial ilegal montado para tapar la corrupción del Partido Popular, entonces en el poder.
Además, se relatan las operaciones en las que están implicados mandos políticos, policiales y mediáticos tramados para difundir en los medios de comunicación informaciones falsas de los partidos independentistas catalanes y de Podemos, en un momento en el que las encuestas eran especialmente favorables a estos últimos y en el que podían entrar por primera vez en el Gobierno.
Con el nombre de Operación Kitchen se conoce al operativo policial presuntamente montado desde el Ministerio del Interior dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz para espiar al que era tesorero del PP, Luis Bárcenas, y arrebatarle la documentación comprometedora que tuviera en su poder.
Todo ello sin control judicial, utilizando métodos ilegales y dinero de las arcas públicas, llegando a producirse actuaciones verdaderamente graves, como el secuestro de la mujer y el hijo del tesorero por un individuo disfrazado de cura.
¿Quiénes son los principales acusados?
El principal acusado es el ex-ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien el Ministerio Fiscal pide 15 años de prisión y 33 de inhabilitación. La misma pena que se solicita para su número dos, Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, y para quien era jefe de la Policía Nacional, el comisario Eugenio Pino. Los tres están acusados de los delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad.
Además, hay otro buen número de personas que ostentaban cargos policiales entre los acusados: para el ex-comisario jubilado José Manuel Villarejo se piden 19 años de prisión y 33 de inhabilitación, al añadirle el delito de cohecho pasivo propio; al comisario Andrés Gómez Gordo, 15 años de cárcel y 48 de inhabilitación; para el comisario Enrique García Castaño, 12 años y 6 meses de cárcel y 28 años de inhabilitación; para el policía Sergio Ríos, quien fue chófer de Bárcenas, 12 años, 5 meses y cinco días de cárcel y 13 años y 9 meses de inhabilitación; y para el antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, 2 años y seis meses de cárcel y 9 años de inhabilitación por un delito de encubrimiento.
Además, la Fiscalía no descarta la participación de otras personas de diferentes instancias que finalmente quedaron fuera de la causa, en lo que parece una clara alusión a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, a quien el Ministerio Público intentó procesar.
¿Qué corrupción se quería tapar?
Los hechos investigados se remontan al periodo entre los años 2016 y 2019. Entonces la Justicia estaba investigando el conocido como: caso Gürtel. Un entramado de corrupción vinculado al Partido Popular, brazo político del Opus Dei en Europa; que ha derivado en multitud de causas judiciales debido a su descomunal tamaño.
La trama funcionaba principalmente en las regiones de Madrid y Valencia, donde un conglomerado de empresas utilizaban dádivas y comisiones para obtener contratos públicos.
Derivada de la trama Gürtel se investigó también el conocido como caso Bárcenas, relativo a la contabilidad B del Partido Popular, que incluiría la recepción de donativos ilegales de empresarios y el reparto de dinero negro a los dirigentes del partido.
Las operaciones policiales ilegales puestas en marcha por la Operación Kitchen tenían como objetivo impedir que material incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes llegaran a incluirse en las causas judiciales.