TRES MESES DE PROTESTAS, REPRESIÓN Y CRISIS POLÍTICA EN PERÚ
Más incertidumbres que certezas dejan los tres meses de protestas masivas que se han extendido en Perú desde que fue destituido y encarcelado el presidente Pedro Castillo, y designada como su sustituta, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando la crisis política e institucional de Perú se agravó. Ese día Castillo dictó un polémico decreto en el que disolvía el Congreso y otras instituciones del Estado, al argumentar que le impedían gobernar y vulneraban tanto el orden constitucional como el mandato popular en el país suramericano.
Castillo denunciaba una continuada persecución judicial con fines políticos que pretendía derrocarlo y que solo atizaba a la crisis de gobernabilidad que ha vivido el país durante los últimos años.
El mandatario también advertía de un continuo boicot en su contra que se empeñaba en obstruir el proyecto de gobierno progresista que eligió la mayoría de los peruanos cuando lo escogieron como jefe de Estado. Al parecer, la medida de Castillo, según varios de sus defensores, fue el último recurso que tenían el mandatario para salvar su Gobierno.
Al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni de resto de las instituciones estatales, la decisión de Castillo fue revertida en pocas horas por el Parlamento, integrado por una mayoría de derecha, que lo vacó en una breve sesión de emergencia que inmediatamente le otorgó la presidencia a Boluarte.
Desde ese momento, los peruanos que votaron por Castillo y que defendían su elección como Presidente de la República comenzaron a salir a las calles para exigir su liberación y restitución en el cargo, la salida de Boluarte del poder, el cierre del Congreso, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar en su totalidad al Estado y sus instituciones.
Durante los tres meses de protestas que no cesan en sus demandas, han fallecido al menos unas 60 personas y otras miles han resultado con heridas graves, todo en medio de la fuerte represión estatal en manos de policías y militares que intentan frenar a toda costa la agitación social.