CUARTA SEMANA DE MOVILIZACIONES EN BOLIVIA EXIGE RENUNCIA DEL PRESIDENTE RODRIGO PAZ
Bolivia cumplió este lunes la cuarta semana de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Durante la jornada, una masiva movilización de diversos sectores sociales colmó el Paseo del Prado en el centro de La Paz.
Columnas de agricultores de la zona sur de La Paz, pobladores de la ciudad de El Alto, trabajadores mineros, juntas de vecinos y representantes de diversos sindicatos expresaron de manera masiva su rechazo al Gobierno y su plan de privatizaciones. En paralelo a la convocatoria principal, un grupo de manifestantes fue reprimido por la policía cuando intentaba ingresar a la Plaza Murillo.
Las manifestaciones marcaron la cuarta semana de movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana, en paralelo a más de 50 bloqueos de carreteras en seis regiones del país.
Durante la jornada, también hubo bloqueos callejeros en La Paz por la escasez de combustibles, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto.
La resistencia de los pueblos aimaras del altiplano, en el recorrido desde La Paz hacia Oruro, impidió que las fuerzas combinadas y un ministro de Estado a cargo del operativo concretaran la medida de apertura de vías, por lo que debieron retirarse de la zona por caminos alternos de tierra.
Durante este operativo falleció un campesino de 24 años, hecho que enardeció y provocó malestar en las poblaciones campesina.
La Central Obrera Boliviana abrió la posibilidad de dialogar con el Gobierno bajo dos condiciones: poner en libertad a los detenidos en las refriegas de los últimos días y suspender la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la organización, Mario Argollo, y otros dirigentes sindicales.
El Gobierno no emitió una reacción a esta propuesta de diálogo. Previamente, el presidente Rodrigo Paz señaló que quienes realizan bloqueos de carreteras deben someterse a la Constitución Política del Estado y a la justicia.
Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras registró 59 cortes de ruta en seis de las nueve regiones del país, luego de que el sábado fracasara un segundo operativo policial y militar para despejar la vía troncal entre La Paz y Oruro.
En cumplimiento de una resolución de acción popular emitida por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, la organización sindical orientó de manera estricta a todas sus bases actuar con criterio humanitario.
La instrucción específica obliga a garantizar en todos los puntos de bloqueo el paso inmediato y sin restricción de ambulancias, vehículos de emergencia, personal de salud y transporte de medicamentos para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.
El mapa oficial situó las protestas en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que Beni, Pando y Tarija permanecieron sin cortes de ruta.
El operativo gubernamental fallido, denominado Corredor humanitario con banderas blancas, intentó abrir el paso entre La Paz y Oruro usando tractores, policías y militares, quienes emplearon gases frente a la resistencia de los manifestantes que reinstalaron los obstáculos con tierra, piedras y troncos tras el paso de la caravana.
El Senado de Bolivia aprobó este domingo un proyecto de ley para eliminar la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que establecía condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del gobierno ante situaciones de crisis.
La iniciativa ahora debe ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados, en un escenario marcado por jornadas extensas de protestas que exigen la dimisión del presidente.
De recibir luz verde, el Ejecutivo, liderado por Rodrigo Paz, quedaría con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales. La decisión ocurre en medio de estas protestas y bloqueos que llevan semanas afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en diversas regiones del país.
La derogación fue impulsada mientras sectores empresariales, dirigentes regionales y grupos cívicos presionan al gobierno para endurecer su respuesta. El Comité pro Santa Cruz, uno de los espacios cívicos más influyentes, pidió públicamente declarar un ‘estado de excepción sectorizado’ para restablecer la circulación, informa el portal de TeleSur.
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